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La muerte de una víctima de trata en Barcelona pone al descubierto los fallos en el sistema de protección de víctimas de trata en España

Lili falleció en el año 2019 tras sufrir años de explotación sexual y violencia por parte de una red de trata, situación conocida por los cuerpos policiales y la Fiscalía de Barcelona

Women’s Link Worldwide, en representación de Fundació Ámbit Prevenció, GENERA y la asociación Putes Indignades han demandado a las administraciones que fallaron en la protección de Lili

España, 18 de enero de 2022 – Women’s Link Worldwide, en representación de Fundació Ámbit Prevenció, GENERA y Janet Elizabeth Mérida, portavoz de la asociación Putes Indignades, ha demandado a la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d’Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Provincial de Barcelona por no proteger a Lili, una mujer de origen moldavo captada por una red de trata con fines de explotación sexual. Lili llegó al barrio del Raval en Barcelona en el año 2011 y falleció en el año 2019 en el Hospital del Mar debido a una leucemia sin tratar, agravada por años de violencia extrema y acoso policial, que habían deteriorado su salud física y mental.

Las organizaciones denuncian que, desde el año 2011, las administraciones tenían conocimiento de la situación en la que Lili se encontraba y sabían quiénes eran los tratantes. Sin embargo, las autoridades policiales no la identificaron oficialmente como víctima de trata porque no quiso denunciar a la red de trata y le negaron durante años la protección a la que tenía derecho para presionarla a que denunciara. Lili tenía miedo a las represalias de la red contra ella o sus hijos, retenidos por los tratantes en Rumanía, si les denunciaba.

En los años posteriores, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, documentó el deterioro de la salud física y mental de Lili e informaron repetidamente a la Fiscalía y a los cuerpos policiales sobre sus sospechas de que era una víctima de trata, así como de la situación de extrema violencia y del deterioro de su salud. No obstante, nunca se iniciaron acciones encaminadas a proteger a Lili o a sus hijos.

Por el contrario, Lili fue víctima de una constante campaña de acoso policial y administrativo a través de multas por vulnerar la Ordenanza de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, que tipifica como infracción administrativa el “ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública”. Las organizaciones denuncian que el acoso policial y administrativo aumentó su situación de vulnerabilidad y su desconfianza hacia los cuerpos policiales.

“Una víctima de trata debe ser protegida desde el primer momento, aunque no quiera denunciar a la red. Exigir la denuncia como condición para acceder a la protección es una mala práctica, contraria a la normativa internacional y europea en materia de trata de personas, que pone en riesgo la seguridad y la vida de las víctimas. Es terrible saber que Lili pidió ayuda y no fue protegida”, explica Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide.

Un problema extendido en España

Las organizaciones explican que el caso de Lili es paradigmático de los fallos del sistema de protección a los que se enfrentan las víctimas de trata en toda España.

Actualmente, la lucha contra la trata de personas se aborda desde el Código Penal, con un enfoque de persecución de las redes, y desde la Ley de Extranjería, con un enfoque de lucha contra la migración irregular. Por ello, reclaman una Ley Orgánica de Protección Integral contra la Trata que contemple todos los tipos de trata y se enfoque en la protección de los derechos humanos de las víctimas, por encima de intereses policiales o administrativos.

Asimismo, exigen que las víctimas de trata sean protegidas desde que se detectan indicios de explotación, independientemente de que denuncien o exista un procedimiento penal; y que su identificación oficial como víctimas de trata no dependa exclusivamente de los cuerpos policiales, sino que se cree un equipo interdisciplinar en el que también participen organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos.

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