La Obra Social la PAH recupera un bloque de viviendas, propiedad del Banco de Valencia, en Barcelona

Esta mañana la PAH de Barcelona ha recuperado un edificio de viviendas propiedad del Banco de Valencia.

La ley aprobada por el Partido Popular no ofrece solución alguna (al contrario) a la emergencia habitacional que sufre la población; esta connivencia del gobierno con los intereses y privilegios de la banca perpetúa la vulneración del derecho a la vivienda, tal y como vivimos cada día en las plataformas de afectados por la hipoteca. Por ello, la PAH actúa de nuevo para garantizar los derechos fundamentales de las personas.

El Banco de Valencia fue la primera entidad rescatada: en noviembre de 2011 se le inyectaron 3000 millones de euros de dinero público, y posteriormente el FROB aportó 4.500 millones de euros mediante una ampliación de capital. Esta entidad, además, se ha mostrado como un ejemplo paradigmático de la mala praxis bancaria, enriqueciéndose ilegítimamente a costa de endeudar a las personas, por ello, la antigua cúpula de la entidad ha sido demandada en la Audiencia Nacional por estafa, apropiación indebida y administración desleal de la entidad.

A día de hoy, resulta inadmisible que las administraciones públicas no hayan forzado a las entidades financieras, sobre todo, a aquellas rescatadas, a dar una compensación social por el rescate con dinero público. Mientras esta situación se mantiene, centenares de miles de personas ven vulnerados sus derechos fundamentales y se ven en riesgo de quedarse en la calle, o directamente lo están. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, llevamos años dando respuesta a la emergencia habitacional provocada principalmente por las entidades financieras. Esto es una muestra más de ello: la PAH de Barcelona ha recuperado un bloque de viviendas vacías propiedad del Banco de Valencia en el centro de la ciudad de Barcelona.

El Banco de Valencia, posteriormente a su rescate, fue adjudicada a Caixa Banc, entidad a la cual la PAH exigirá abrir una negociación para alojar a las familias en régimen de alquiler social en el bloque de viviendas recuperadas. No será la primera vez que la PAH obliga a las entidades financieras a dar a las viviendas vacías, la función social que deben tener en un momento de crisis y de emergencia habitacional alarmante como el actual. Y no será la primera vez que la PAH va muy por delante de las administraciones públicas en la garantía de los derechos fundamentales, en la autotela de los derechos humanos. De hecho, está siendo la ciudadanía organizada la que está actuando frente a la impunidad de la banca.

Recientemente se ha anunciado la admisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular del Decreto Andaluz. Un decreto que recoge en gran medida la demanda ciudadana de que la vivienda vacía en manos de los bancos sea puesta a disposición de las personas en situación de emergencia habitacional. Mientras el Partido Popular presiona para retirar esta medida, en lugar de extenderla y ampliarla, después de haber desahuciado las tres medidas de la ILP, incluida la del alquiler social; la PAH pone en marcha la autotutela de derechos mediante la desobediencia civil, porque no nos dejan alternativa (o esto, o familias en la calle). El bloque de viviendas del Banco de Valencia en Barcelona alojará a cuatro familias, tres de ellas desahuciadas, y una cuarta que ha conseguido la dación en pago, pero no cuenta con una vivienda en la que vivir.

Mediante la campaña de la Obra Social la PAH hoy se vuelve a hacer efectivo el derecho a la vivienda de cuatro familias que han agotado todas las vías posibles para acceder a una vivienda. Desde la PAH, nos vemos obligados a intensificar la Obra Social la PAH, mientras entidades como el Banco de Valencia continúen acumulando viviendas vacías y haya personas que estén en riesgo de verse en la calle, y el Gobierno siga quieto permitiéndolo. Hasta que las viviendas vacías en manos de la banca y el SAREB no pasen a ser un parque público de viviendas en régimen de alquiler social, habrá que realojar a quién desahucien y no tenga un techo.

Las administraciones públicas tienen la obligación de forzar a las entidades financieras a dar a las viviendas la función social que deben tener. Incomprensiblemente, esto no ocurre, y por eso la PAH continuará autotutelando los derechos fundamentales de las personas, rescatando personas y no bancos, defendiendo y ejerciendo las medidas de la ILP en la calle. Porque son necesarias, no son una opción.

Sí Se Puede!