La familia de Salah Salahuddin, su mujer la Joly Aktar y su hija pequeña de tres meses en el momento de los hechos, firmaron un contrato de alquiler del piso en la Calle Riereta 13 principal 2ª a una persona que se presentó como el propietario resultando que era un contrato fraudulento, pagando un alquiler de 500€ y una fianza . El propietario del piso, el Sr. Julio Blanco Cendón propietario de varias zapaterias y marido de la Sra Mercedes Armesto con quien comparte un restaurant en el Port Olímpic, contrató a la empresa Desokupa para echarlos del piso.

Desde el día 29 de Setiembre recibían amenazas diariamente por parte de un grupo de más o menos 9 empleados de la citada empresa. A las 11 de la mañana del día 6 de octubre de 2017 le cortaron la luz desde la puerta del edificio, y golpearon con violencia la puerta de su vivienda, la Sra Aktar nunca les abrió la puerta a pesar de las amenazas y ese día se asustó muchísimo pues estaba a oscuras y los hombres golpeaban y gritaban para que les abriera, provocándole un aborto ya que estaba embarazada de tres meses (hay informe médico). Presentaron denuncia ante los mossos d’esquadra el día 7 de octubre.

El pasado 30 de enero se realizó el juicio por la demanda en el juzgado n.º 13 quedando visto para sentencia. El mismo dia 30 por la tarde el Sr. Salahuddin contactó con nosotros y nos explicó la situación de la familia y de todo lo ocurrido y decidimos hacer esta denuncia pública y tomar medidas para exigir justicia y reparación y que hechos así no se produzcan nunca más.

Todo esto se enmarca en la expulsión de vecinos y vecinas que ocurre diariamente en Ciutat Vella por parte de la violencia inmobiliaria que ejercen propietarios para expulsar a vecinos de sus viviendas y poder especular impunemente utilizando la ley a su favor mediante prácticas ilegales como se está denunciando constantemente.

Especialmente grave es el caso de la empresa Desokupa que ya ha recibido denuncias por sus actuaciones y que aún así continúa ejerciendo su supuesta labor de mediación mediante amenazas y coacciones que han llegado a provocar la gravedad de lo ocurrido con la vecina Joly Aktar que ha perdido a su bebé por parte de esta actuación. Denunciamos públicamente a la propiedad de la vivienda y a la empresa Desokupa, que han creido resolver el problema ofreciendo dinero (10.000€)a la familia para cerrar el tema. Es un delito grave y esperamos que se haga justicia a pesar de la desconfianza que nos produce como se ha desarrollado el proceso.

Estamos pendientes para tomar las medidas jurídicas y sociales que aseguren que estos hechos no queden impunes y que la familia tenga acceso a una vivienda y no sean expulsados del barrio.