Hoy se cumplen 8 años del caso 4F, “uno de los casos de corrupción policial, judicial y gubernamental más grave que ha vivido la ciudad de Barcelona en los últimos años”, como denuncian desde la plataforma de solidaridad Des-Montatge 4F, formada para desvelar el montaje que llevó a

Des-Montaje 4F Diagonal

Ocho años después del caso 4F, el proceso sigue abierto. Ninguna de las personas que fueron acusadas de intento de homicidio a un Guardia Urbano vive actualmente en Barcelona. Tras cumplir sus penas de cárcel, los condenados siguen pidiendo justicia. “Actualmente estamos a la espera de una respuesta del Tribunal Constitucional, ante el que se presentó otro recurso”, explica Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, quien salió de la cárcel en 2012 tras cumplir una condena de cinco años de prisión. También se está preparando el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que será el siguiente paso en la batalla legal. El objetivo es demostrar las mentiras del caso y que la denuncia por las torturas sufridas por Rodrigo, Álex y Juan prospere y se reabra.

La historia del caso 4F arranca un 4 de febrero de 2006, poco después de la entrada en vigor de la ordenanza del civismo en Barcelona, en una fiesta en la zona de Ciutat Vella. Durante la madrugada se produjo un enfrentamiento con la policía, en el que un agente acabó tetrapléjico por el impacto de una maceta en la nuca o, según la versión oficial que se dio más tarde, por el impacto de una piedra tirada desde el suelo.

La Audiencia Provincial de Barcelona emitió sentencia en enero de 2008 contra Lanza (cuatro años y medio), Álex Cisternas y Juan Pintos, condenados a tres años y tres meses, y los otros cinco detenidos, a quienes se impusieron penas inferiores. Patricia Heras fue condenada a tres años. Heras pasó finalmente dos meses en prisión y cuatro meses en tercer grado hasta que el 26 de abril de 2011 decidió quitarse la vida.

En este primer juicio, denunciado por sus múltiples irregularidades, no se aceptaron las pruebas de la defensa y la única prueba de la acusación fue el testimonio de dos guardias urbanos, Bakari Samyang y Víctor Bayona, que posteriormente serían condenados por tortura, denuncia falsa y simulación de delito. La defensa decidió recurrir las penas y en junio de 2009 el Tribunal Supremo aumentaba la pena de prisión de Rodrigo Lanza, que pasaba de cuatro años y medio a cinco, y que cumplió íntegramente, al negarse a aceptar beneficios penitenciarios que le ofrecieron por reconocer los hechos y mostrar arrepentimiento.

Esta tarde tendrá lugar un acto de recuerdo en Barcelona que reunirá a las personas implicadas en el caso y a la gente que las ha arropado durante todo el proceso. En él, Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, dirigirá una carta a cuatro de las personalidades que han tenido parte en el caso: al entonces alcalde de Barcelona, Joan Clos, y a su concejal de seguridad, Jordi Hereu, a la jueza responsable del caso, Carmen García Martínez, y al guardia urbano que golpeó a su hijo, Bakari Samyang. Junto a la carta, Mariana quiere enviarles el documental 4F: ni olvido ni perdón, que se realizó para desmontar todas las irregularidades que rodeaban el caso y se financió gracias al apoyo de cientos de personas mediante una campaña de microfinanciación. El documental se ha proyectado en los últimos meses en multitud de ciudades de todo el Estado. Por el mismo método se está trabajando en la edición del libro Patricia Heras. Poeta muerta, como homenaje a la autora, que recogerá una selección de sus textos y se financiará igualmente mediante crowdfunding.