El tapiado el pasado 19 de marzo de uno de los pisos en los que se solían realizar las reuniones de Prostitutas Indignadas, tal y como ha denunciado el colectivo, ha vuelto a poner de manifiesto que el camino del alcalde Xavier Trias y la regidora Mercè Homs son la violencia institucional y el sabotaje de los espacios de diálogo con las trabajadoras sexuales. Pese a que el colectivo de prostitutas ha hecho en los últimos años innumerables intentos para establecer una interlocución constructiva en la que hacer valer sus derechos y poder ejercer la actividad con dignidad y seguridad, la respuesta está siendo una política de asedio y persecución a las mujeres que se traduce, de forma directa, en generar situaciones de vulnerabilidad, exclusión y violencia. Una paradoja macabra, tratándose de mujeres a las que el Ayuntamiento dice querer proteger.

De hecho, en el último año el gobierno municipal está utilizando la política de vivienda, que debería estar destinada y enfocada a la protección de derechos sociales, precisamente a todo lo contrario. La compra de edificios en las calles Robador y Sant Ramon, en lugar de emplearse para realizar políticas socialmente responsables, está dando cobertura por una parte a una desplazamiento paulatino de un buen número de habitantes y, por otro lado, a la persecución de las trabajadoras sexuales y sus espacios de trabajo. En el fondo y en la forma, Distrito y Ayuntamiento están utilizando la adquisición de fincas en los alrededores de Illa Robador y la Filmoteca, como ariete de un nuevo ciclo de expulsión de población, incluidas las prostitutas que trabajan, habitan y forman parte, junto con el resto de gente, de la vida de este barrio.

A esta coyuntura hay que añadir un Plan de Usos que, pese a que la prostitución es una actividad lícita y legal -tanto que en la totalidad del resto de distritos de Barcelona, de Sarrià/Sant Gervasi a Gràcia, se permite la actividad de meublès-, en Ciutat Vella y el Raval establece un marco normativo que en la práctica pretende prohibirla y criminalizarla. La persecución de los meublès, como hemos dicho, lo único que consigue es colocar en situaciones extremas a mujeres que, en última instancia, hay que recordar que son madres y cabezas de familias a las que deben mantener. ¿Que el sustento de estas familias esté en riesgo, es lo que quiere el Ayuntamiento?

Desde la Assemblea de Barrio del Raval y Raval no està en venda, exigimos:

• La restitución de los espacios de trabajo cerrados en los últimos meses.
• La restitución del espacio de reunión de Prostitutas Indignadas.
• El cese de la persecución institucional de las trabajadoras sexuales.
• Una reforma del Plan de Usos que permita licencias de meublès y aborde la actividad de la prostitución desde una posición constructiva que permita su ejercicio con seguridad.

Assemblea de Barri del Raval / Raval no està en venda, 25 de marzo de 2015