Durante el recorrido a lo largo de Vukovarska ulica – en lo que ha sido la mayor ceremonia militar desde la existencia del estado croata – les manifestantes saltaron la valla que separaba el circuito del desfile del público, se interpusieron entre los tanques y a modo de performance, se dejaron caer simulando su muerte. Portaban camisetas teñidas de rojo simbolizando sangre a modo de protesta. Rápidamente fueron desplazades por las fuerzas de seguridad a un costado de la carretera, retenides y esposades pese a no oponer resistencia ni mostrar actitud violenta en momento alguno. Más tarde se les trasladó a dependencias policiales, donde permanecieron hasta pasar a disposición judicial a la mañana siguiente.

La fecha del juicio, inicialmente fijada para el 1 de septiembre, fue aplazada al 13 de octubre debido a errores procesales. Se ha tenido conocimiento de actitudes hostiles por parte de la judicatura, donde se barajó la posibilidad real de que les acusades fuesen enviades a prisión provisional durante 15 o incluso 30 días. Se trató también de fijar una fecha del juicio con la mayor antelación posible, comprometiendo la capacidad de les acusades de disponer de tiempo suficiente para preparar la defensa. Previamente, durante la detención y en el periodo transcurrido hasta su puesta en libertad, sufrieron vejaciones y maltrato policial, siendo retenides durante periodos prolongados, esposades más tiempo del necesario, y dispuestes en una celda en condiciones anti-higiénicas y con restos de excrementos.

Resulta evidente que este tipo de prácticas se ejecutan con el objetivo de criminalizar el derecho legítimo de protesta. En el contexto croata actual, activistas involucrades en movilizaciones por la causa palestina, los derechos del colectivo LGTBIQ+, la defensa del medio ambiente o en contra de la toma del espacio público por fundamentalistas católicos, entre otras instancias, se han visto sometides a detenciones arbitrarias, violencia policial y agotadores procesos judiciales. En algunos casos, por el simple motivo de sostener una pancarta. Esta estrategia de acoso y derribo contra quienes protestan, lejos de ser una excepción, nos devuelve a una realidad donde la criminalización del manifestante se consolida como modus operandi cotidiano.

El desfile conmemoraba el 30 aniversario de la Operación Tormenta, consistente en una ofensiva militar en agosto de 1995 por parte de las fuerzas croatas para retomar la región de Krajina, ocupada por separatistas serbios durante la guerra de los Balcanes. La ofensiva resultó en numerosas violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, muertes, y un éxodo masivo de población serbia contabilizado en más de 200.000 personas. Dentro de la narrativa ultra-nacionalista promovida por el estado croata, el episodio es celebrado como un momento representativo del proceso de liberación nacional, ante el que cualquier intento de crítica es visto como un insulto al orgullo patrio. De paso, el desfile servía también para mostrar en todo su “esplendor” el proceso de modernización militar promovido por el actual ejecutivo, con la aparición de nuevos tanques, drones de combate y vehículos de infantería recientemente adquiridos. La espectacularización de lo castrense como herramienta para propagar el odio y obtener rédito político constituyen la base de esta narrativa del nosotros contra ellos, promulgada sin tapujos a nivel estatal por el gobierno de HDZ (Unión Demócrata Croata).

Este tipo de relato, funcional a los discursos reaccionarios que promueve a su vez la ultra-derecha, contribuye a la polarización social, construyendo el sentido de identidad nacional croata en base a una fantasía bélica que romantiza formas extremas de violencia y exclusión. A ello se añade también la cercanía ideológica con movimientos de tendencia filo-nazista, más animados en tiempos recientes en vista de la despreocupación con la que pueden operar. Destaca en estos últimos la mirada nostálgica a una época en que Croacia estuvo bajo control de la Ustasha, organización terrorista nacionalista y títere de la Alemania nazi. Promotor del fanatismo religioso, el racismo y la normalización de la tortura y el asesinato como fórmula para la formación de un estado croata independiente, a día de hoy el régimen goza de plena salud y legitimidad histórica en el imaginario colectivo de una parte de la población. Cánticos, pintadas, banderas y demás parafernalia, visibles en las calles de Zagreb, atestiguan el resurgir de un estado de ánimo que fetichiza lo abominable y reivindica el terror como elemento unificador del modelo de país al que aspiran: una Croacia fascista.

En este sentido, y sin dejar de ser tremendamente doloroso, no debe sorprendernos tanto la plena internalización por parte de la ciudadanía presente en el desfile de este fanatismo patrio y su materialización violenta. Asistentes golpeando a activistas ya detenidos, vejaciones, abucheos, amenazas, gritos de “¡que la violen!” o “¡tírenlos al Sava!”, entre otras bondades, nos dan una medida de lo rápido que puede dispararse el mercurio del termómetro nacionalista.

Así las cosas, y aprovechando también el rebufo militarista mundial de los últimos tiempos, el actual gobierno croata viene consolidando un aumento progresivo del gasto público dedicado a defensa y seguridad. Tras subidas recientes, trabaja para que esta partida presupuestaria alcance el 3% del PIB en 2030. Entre los dudosos “logros” del ejecutivo, destacan la venta de armas a Israel por valor de 1,5 millones de euros en 2024, la firma de un acuerdo de coordinación en seguridad regional con Albania y Kosovo – el cual, como era de esperar, ha antagonizado a Serbia, que a su vez ha respondido tejiendo alianzas con la Hungría de Orban -, la adquisición de 8 sistemas de misiles HIMARS y 12 cazas Rafale, inversión en desarrollo de inteligencia artificial dedicado a defensa…Como colofón, está previsto que en 2026 entre en vigor en Croacia la reintroducción del servicio militar obligatorio para jóvenes de entre 18 y 27 años aprobada este curso, bajo el pretexto de “mejorar la seguridad nacional”.

Dentro de esta estrategia, preocupa asimismo el auge de la securitización como elemento clave, en particular en lo que concierne a procesos migratorios, afectados por la creciente militarización de las fronteras. Esto se está traduciendo en un aumento significativo de la presencia policial y militar en zonas de cruce, la estrecha colaboración con Frontex, el uso de tecnología militar para tareas de rastreo y vigilancia, controles arbitrarios, y múltiples violaciones de derechos humanos – las pruebas y testimonios de torturas sufridas por migrantes en la frontera entre Croacia y Bosnia son de una cotidianidad estremecedora – por nombrar algunas. Decir que la política de fronteras en Croacia solo puede ser descrita como salvaje y atroz es prácticamente quedarse corto.

Asistimos pues a un proceso de normalización de la violencia, edificado sobre narrativas belicistas que apelan a un rancio sentir nacional para auto-justificarse, y motivado por razones de índole política y financiera. Fundamental a este respecto, la progresiva insensibilización social a nivel ciudadano permite a su vez legitimar los intereses empresariales del complejo industrial-militar, que anticipa ingresos siempre al alza con el respaldo a esta economía de la muerte. Se impone el paisaje desolador de una sociedad inoculada frente al más básico sentido de empatía y humanidad, y cuya connivencia garantiza la estabilidad un régimen empresarial y estatal cruento: la guerra como negocio.

En vista de la situación, resulta imprescindible denunciar el juicio de la semana pasada como lo que sin duda es: una maniobra de persecución política destinada a entorpecer el derecho legítimo a la protesta, y a desalentar futuros actos similares. Por resumirlo, una farsa. La sentencia, parcial y subjetiva, revela una clara intencionalidad disuasoria a través de una lectura de los hechos que pretende imponer la fuerza de la ideología por encima de cualquier principio de racionalidad y proporcionalidad. El recurso a un principio problemático – si no directamente falaz – para determinar qué constituye una alteración del orden; ampararse en una supuesta falta de claridad sobre si la performance constituía una forma legítima de protesta o si su escenificación la hacía comprensible como tal; multas desproporcionadas; alusiones fraudulentas al supuesto carácter no recurrible de la sentencia; en definitiva, muestras evidentes de que la pretensión de insertar este juicio dentro de eso que algunos llaman justicia es pura fantasía.

Parece cada día más claro que permanecer indiferentes cuando el secuestro de derechos básicos y la intimidación por parte del estado se llevan a cabo con total impunidad implica ser cómplices de la barbarie. Hay quien piensa que otra sociedad, donde el dolor ajeno nos conmueve y nos moviliza, está todavía al alcance. Para ello, urge dejar de una vez de mirar para otro lado.