Genera asociación, Putas libertarias del raval y Prostitutas indignadas en colaboración con entidades, colectivos y activistas convocan el 17 de diciembre a una concentración a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales.

Despenalizar la prostitución, una lucha de todxs

Este pasado fin de semana fue asesinada en Madrid una trabajadora sexual. El recuento conocido asciende a muchas más en las dos últimas semanas en todo el mundo. Hablar de las violencias que sufren las trabajadoras sexuales es más necesario que nunca en un clima reaccionario y prohibicionista como el que el actual gobierno español está promoviendo a través de normativas punitivas y misóginas. Está
comprobado que este tipo de normativas estatales y discursos abolicionistas, que hablan de las trabajadoras sexuales como personas sin agencia, aumentan la inseguridad, la clandestinidad en el ejercicio del trabajo y el estigma puta justificador de violencias.

Defender los derechos del trabajo sexual, no significa esconder o negar las violencias que se pueden dar en su marco o las violencias por parte de la comunidad, las instituciones y el propio Estado. De la misma forma tampoco implica negar la existencia de explotación laboral en el marco de la prostitución por parte de empresarios y empleadores.

Defender los derechos del trabajo sexual significa luchar por los derechos mínimos para mejorar las condiciones de ejercicio, considerar a las trabajadoras sexuales como seres humanos merecedores de capacidad de decisión y entenderlas como capaces de llevar a cabo sus propias luchas contra los abusos.

Defender los derechos del trabajo sexual nos ayuda a denunciar que un marco des-protegido, sin derechos, con leyes injustas que favorecen a lxs más privilegiadxs, donde se promueve el sexismo, el racismo y el clasismo siempre va a ser el peor escenario para las clases trabajadoras más precarizadas, entre ellas, las trabajadoras sexuales.

Actualmente nos oponemos a la propuesta de ley desde la que el PSOE, con sus socios de gobierno de UP, pretende endurecer el Código Penal para endurecer y ampliar el delito de proxenetismo, sancionar a los
clientes e incorporar la tercería locativa.

En esta propuesta de ley se pretende:

* Modificar el artículo 187.1 del CP pasando a considerar como delito el proxenetismo no coactivo, es decir el lucro por parte de terceros de la prostitución ajena aun con el consentimiento de la trabajadora. Esto
supone que un ejercicio completamente normalizado en cualquier otro sector económico, es decir la obtención de riqueza a través de la explotación del trabajo de otras personas por parte de la patronal, en
el caso de la prostitución, es considerado delito. Pero además se lanza una pátina moralizante que constituye a las trabajadoras sexuales como seres infantiles, sin autonomía, que no saben lo que quieren y que no son capaces de elaborar estrategias individuales y colectivas para luchar contra los abusos patronales que se puedan dar en ese contexto, como en cualquier otro. Estos planteamientos ya son problemáticos aplicados sobre cualquier sujeto o grupo social, pero son todavía mucho más graves cuando se aplican a colectivos a los que históricamente se les ha negado la voz: mujeres, trans, pobres, personas racializadas y/o migradas.

* Incorporar al Código Penal los artículos 187 bis y 187 ter que sancionan penalmente el lucro de la prostitución ajena a través del alquiler de inmuebles destinados a tal fin y el acto de convenir actos
de naturaleza sexual a cambio de dinero. Con la prohibición del alquiler de inmuebles, la denominada tercería locativa, no solo se va a dificultar la actividad laboral de la prostitución y alimentar los
abusos inmobiliarios hacia las trabajadoras sexuales, sino que también va a abrirse la posibilidad para sancionar penalmente a las que se organizan entre ellas para alquilar espacios donde ejercer
autónomamente.

Con todo ello va a aumentarse la vulnerabilidad de las mujeres en situación de mayor explotación y falta de derechos al convertir su trabajo en más clandestino, más precario y, por supuesto, más estigmatizado.

Esta propuesta de ley abolicionista, con tintes prohibicionistas, no será, en el caso de su aprobación, la única normativa que criminaliza la prostitución, precariza la actividad y estigmatiza a las trabajadoras del sexo. La denominada “Ley Mordaza”, las Ordenanzas Municipales de regulación de uso del espacio público o la ley de Extranjería se apuntan como enemigos a combatir por su carácter racista y por criminalizar desde diversos flancos de la acción coercitiva estatal a las personas que se ocupan en la prostitución.

Oponerse a la criminalización del trabajo sexual es una lucha necesaria y que implica reivindicaciones que pueden extenderse a otros colectivos y grupos precarizados. En esta lucha convergen las luchas de
acceso a la vivienda, las luchas antirracistas, anticarcelarias y sindicalistas.

Pero también las luchas feministas, por la disidencia sexual y contra el patriarcado. La violencia sexual, la discriminación en el acceso a servicios públicos, servicios de protección, sistemas de salud o sistemas de justicia, el cuestionamiento como madres, como parejas, como trabajadoras e incluso como seres humanos a las trabajadoras sexuales, pueden afectar a todas las infractoras y constituyen violencias que se ejercen contra las mujeres por “putas”.

Seguiremos luchando codo a codo con las trabajadoras sexuales, defendiendo derechos y oponiéndonos a la criminalización.

No vamos a dejarlas solas, porque de esta lucha depende la mejora de todxs.

Es por eso que el sábado 17 de diciembre, Día Internacional contra la violencia hacia las trabajadoras sexuales, juntamente con el colectivo de Putas del Raval y Putas Libertarias y en colaboración con entidades, colectivos y activistas, os convocamos a las 11.30H en la Plaza La Gardunya (Antiga Massana).

La programación de la convocatoria es la siguiente:

11.30H: Parlamentos Solidarios: a cargo de movimientos sociales, asociaciones y activistas pro-derechos

14H: PUTIVERMÚ en solidaridad con las Trabajadoras Sexuales.